Hace ahora cuarenta años que se promulgó una de las mejores leyes del ordenamiento jurídico privado español. En efecto, la Ley de Contrato de Seguro, de 8 de octubre de 1980, fue y, aún sigue siendo, una gran norma jurídica, bien redactada o con una mayor calidad técnico legislativa de muchas leyes posteriores y que estamos sufriendo los juristas, pero también los intérpretes del derecho. Ello no quiere decir que la norma del seguro fuera y es una norma completa, terminada. Antes al contrario. Pero sin duda fue la mejor normativa que en ese momento y, después de muchos años de debates y discusiones, salía a la luz. Con ella se avanzó en muchos campos, no solo en el del contrato de seguro. Se unificó una parte de nuestro derecho privado, unificando en un solo texto y, por tanto, vaciando de los códigos civil y mercantil, la regulación que hasta ese momento profesaban los decimonónicos textos. Dejando solamente en vigor en el código de 1885 la parte de seguro marítimo, hoy resguardada ya en la normativa de 2014 de navegación marítima con entidad y criterio propio. Pero al mismo tiempo fue pionera esta norma en la regulación de la parte débil del contrato, tanto por su carácter de imperatividad y tutela, algo extraño y más en esos momentos para el derecho privado y máxime cuando se erosionan para la solución de las controversias la flexibilidad de lo dispositivo y convencional, pero que en ese interin temporal cumplía un cometido primordial como también al introducir por vez primera y, recogiendo la estela del mandato constitucional, normas tuitivas para los consumidores, en este caso de seguros y en ello así se refleja el artículo 3 de la norma, uno de los todavía hoy más cuestionados y perennemente interpretados por jurisprudencia y doctrina. .....
